Traducción no oficial

 

1. El objetivo principal del 78º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas es confirmar el papel central coordinador de la Organización en los asuntos mundiales y fortalecer el sistema multipolar de relaciones internacionales. La ONU sigue siendo, con razón, el foro único para un diálogo sincero y equitativo dirigido a encontrar soluciones, tomando en cuenta las diversas opiniones, así como a crear una arquitectura verdaderamente justa del orden mundial.

2. Seguimos apoyando el fortalecimiento del marco multilateral de las relaciones internacionales y la economía mundial mediante las normas universales del derecho internacional, ante todo la Carta de la ONU, con hincapié en el respeto incondicional de la soberanía de los Estados y la inadmisibilidad de la injerencia en sus asuntos internos. Es importante no permitir que la ONU sea subyugada por un pequeño grupo de países occidentales que pretenden sustituir los principios generalmente aceptados de la interacción interestatal por nociones no consensuadas. Nos oponemos a la legitimación del concepto de "orden mundial basado en reglas", que prevé la imposición de reglas, estándares y normas, cuyo desarrollo no implica la participación igualitaria de todos los Estados interesados. Se promueve en oposición a los enfoques colectivos basados en la Carta de la ONU y plantea una grave amenaza para la estabilidad de las relaciones internacionales.

3. Los ocho años de guerra del régimen de Kiev contra la población de Donbás y el sabotaje deliberado por parte de Ucrania del Paquete de medidas para la aplicación de los Acuerdos de Minsk han obligado a Rusia a tomar medidas para proteger a los civiles de la región. La Operación Militar Especial (OME) lanzada en 2022 se está llevando a cabo en estricto cumplimiento del artículo 51 de la Carta de la ONU y se llevará a cabo hasta que se eliminen las amenazas a la seguridad de nuestro país.

Los aliados occidentales de Ucrania contribuyen a la escalada y prolongación del conflicto suministrando armas pesadas a Kiev, prestando asistencia financiera y técnica y reclutando y enviando mercenarios. Las armas de los países de la OTAN se utilizan por las fuerzas armadas ucranianas para atacar infraestructuras civiles y a civiles en Donbás. De este modo, el Occidente se convierte en cómplice de las acciones militares y es responsable de los crímenes del régimen de Kiev.

Las violaciones del derecho internacional humanitario y los actos terroristas por parte de Ucrania se registran minuciosamente y los responsables serán castigados. Con sus acciones y su retórica, Kiev demuestra su total falta de interés por una solución pacífica del conflicto. Rusia nunca ha rechazado una solución diplomática a la crisis y está dispuesta a negociar teniendo en cuenta la situación sobre el terreno y los intereses legítimos de nuestro país.

4. Las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk y las regiones de Zaporiyia y Jersón pasaron a formar parte de Rusia como resultado de la libre voluntad de sus poblaciones en septiembre de 2022, de conformidad con la Carta de la ONU y la Declaración de 1970 sobre los principios de derecho internacional relativos a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados. Este documento garantiza la integridad territorial a aquellos Estados cuyos "gobiernos representan, sin distinción de raza, credo o color, a todas las personas que viven en el territorio en cuestión". Es obvio que las autoridades de Kiev, que llevan años persiguiendo a una gran parte de su población por motivos étnicos, religiosos, lingüísticos y culturales, no cumplen este criterio.

El reconocimiento de los referendos celebrados en las regiones de Zaporiyia y Jersón, las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk y la admisión de Crimea en Rusia como resultado de la expresión de la voluntad de sus habitantes en 2014 es un requisito previo para alcanzar acuerdos sobre un arreglo global de la situación en Ucrania.

Estamos seriamente preocupados por la creciente tendencia de la Asamblea General de la ONU a extralimitarse en sus competencias, que se ha traducido en una serie de resoluciones antirrusas de confrontación adoptadas desde el 24 de febrero de 2022 en relación con la situación en Ucrania, en violación del artículo 12, párrafo 1, de la Carta de la ONU. Al intentar en resoluciones no consensuadas calificar la OME como "agresión", exigir su cese, compensación por daños, etc., la Asamblea General de la ONU actúa fuera de sus competencias y asume arbitrariamente las funciones del Consejo de Seguridad de la ONU.

5. La responsabilidad de prevenir y resolver los conflictos y mitigar sus consecuencias recae principalmente en los propios Estados implicados. La asistencia internacional, incluso mediante la ONU, puede ser prestada solo con su consentimiento y de acuerdo con la Carta de la ONU. La mediación, los buenos oficios y, más aún, la diplomacia preventiva deben basarse en la imparcialidad y el respeto incondicional de la soberanía de los Estados.

6. El objetivo de la reforma del Consejo de Seguridad de la ONU es aumentar la representación de los Estados en desarrollo de África, Asia y América Latina en ese órgano, sin perjuicio de su eficacia y operatividad. Consideramos que Brasil e India son candidatos naturales a ocupar puestos permanentes en el Consejo si decidimos ampliarlo en ambas categorías de membresía. El tamaño óptimo del Consejo de Seguridad reformado es de "poco más de veinte miembros" (low twenties). Es necesario seguir buscando, dentro del formato actual de las negociaciones intergubernamentales, un modelo de reforma óptimo que cuente con el máximo apoyo. Resulta contraproducente trasladar el debate a una base textual antes de acordar los parámetros básicos de la reforma. Las prerrogativas de los miembros permanentes del Consejo, incluso el derecho de veto, no están sujetas a la revisión.

7. Apoyamos iniciativas realistas para optimizar las actividades de la Asamblea General de la ONU en el marco del Grupo de Trabajo sobre su Revitalización. Consideramos que la tarea más importante es mejorar métodos de trabajo, arreglar la agenda recargada y reforzar el multilingüismo. Las innovaciones deben ser razonables y satisfacer las necesidades de actualidad. La redistribución de las facultades de otros órganos estatutarios, incluso el Consejo de Seguridad, a favor de la Asamblea General es inadmisible.

8. Respaldamos el desarrollo y el fortalecimiento de la cooperación entre la ONU y las asociaciones regionales y subregionales conforme al capítulo VIII de la Carta de la ONU. Es necesario intensificar aún más la colaboración constructiva entre la ONU y tales entidades como la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC), la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), la Comunidad de Estados Independientes (CEI), BRICS y la Unión Económica Eurasiática (UEEA). La importancia de esta tarea se refleja en la aprobación de las resoluciones bienales en el marco del 77º período de sesiones de la Asamblea General de la ONU sobre la cooperación de las Naciones Unidas con la OTSC y la CEI, cuales demuestran un progreso constante y una dinámica positiva en el fortalecimiento de las relaciones.

9. Rechazamos categóricamente la distorsión de la historia y la revisión de los resultados de la Segunda Guerra Mundial. Concedemos especial importancia al proyecto de resolución anual de la Asamblea General de la ONU titulada "Combatir la glorificación del nazismo, neonazismo y otras prácticas que contribuyen a exacerbar las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia". Destacamos la relevancia de este documento a la vista de las trágicas consecuencias que ha tenido la política de las autoridades de Kiev de fomentar la ideología nazi en Ucrania y la indulgencia de sus patrocinadores occidentales.

10. Nos basamos en la inevitabilidad de la resolución política y diplomática de las crisis en la región de Medio Oriente y África del Norte. Abogamos sistemáticamente por la resolución de los conflictos existentes por medios pacíficos, sin injerencias externas, teniendo en cuenta los intereses de todas las partes implicadas y basándose en las disposiciones y normas del derecho internacional.

11. La resolución del conflicto en Siria es una de las prioridades principales en el Oriente Medio. La única manera de lograr una estabilización y garantizar una seguridad perdurable y duradera en el país es restablecer la integridad territorial y soberanía de Damasco sobre el territorio nacional. Una lucha permanente contra grupos terroristas internacionales reconocidos como tales por el Consejo de Seguridad de la ONU sigue siendo también un desafío importante en el terreno.

El principal reto, especialmente tras el terremoto del 6 de febrero de 2023, sigue siendo la degradación de la situación humanitaria y socioeconómica en la República Árabe Siria en el contexto del endurecimiento de las sanciones unilaterales y la escasez crónica de financiación para los programas humanitarios internacionales. Hacemos un llamamiento a los miembros responsables de la comunidad internacional para que abandonen la politización de las cuestiones estrictamente humanitarias y presten ayuda a todos los sirios necesitados sin discriminación y sin condiciones previas, en coordinación con Damasco, tal como establecen las normas y los principios rectores del derecho internacional humanitario.

En la vía política, apoyamos el proceso del arreglo dirigido por Siria y facilitado por las Naciones Unidas, en cumplimiento de la resolución 2254 del Consejo de Seguridad. Seguimos apoyando al Enviado Especial del Secretario General de la ONU para Siria, Geir Pedersen, en sus esfuerzos realizados en este sentido que no deben rebasar el mandato definido por el Consejo de Seguridad.  

12. Consideramos que la revitalización del proceso del arreglo en el Oriente Medio, con hincapié en el problema palestino, es uno de los fundamentos para establecer la paz y la seguridad en la región.

Concedemos una importancia decisiva a los esfuerzos para impedir la escalada de violencia entre palestinos e israelíes y prestar una amplia asistencia humanitaria a las personas afectadas y necesitadas en la Ribera Occidental y en Gaza. Exhortamos a ambas partes a que ejerzan moderación, se abstengan de tomar medidas unilaterales y de realizar actos provocativos, así como respeten el estatuto especial y la inviolabilidad de los lugares santos de Jerusalén. Abogamos por la reanudación de las negociaciones directas entre palestinos e israelíes sobre todas las cuestiones relacionadas con el estatuto definitivo de conformidad con una base jurídica internacional universalmente reconocida, incluida la solución de dos Estados.

13. Observamos con preocupación el estancamiento del proceso político en Libia y la continua división entre las principales fuerzas políticas nacionales. Estamos convencidos de que no hay alternativa a un diálogo inclusivo, teniendo en cuenta las preocupaciones de todas las partes libias. Abogamos por el rápido restablecimiento de instituciones estatales unificadas y por la celebración de elecciones presidenciales y parlamentarias.

14. Observamos la dinámica positiva de la situación en Yemen en el contexto de la normalización regional. Estamos convencidos de que el restablecimiento de una tregua general contribuirá a un arreglo político sostenible en el país. Insistimos en la necesidad de trabajar con todas las partes en el conflicto a través de la mediación de las Naciones Unidas. Prestamos asistencia al Enviado Especial del Secretario General de la ONU para Yemen, el Sr. H. Grundberg. Una de las tareas clave es ayudar al pueblo yemení a superar la mayor catástrofe humanitaria.

Nos oponemos a una interpretación expansiva de las resoluciones de sanción del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Yemen. Las medidas restrictivas deben utilizarse para promover una solución pacífica y no para avivar las turbulencias políticas en la región. Observamos con preocupación que ciertas presencias navales extranjeras manipulan injustamente las decisiones del Consejo de Seguridad cuando inspeccionan buques en aguas vecinas.

15. Respaldamos constantemente los esfuerzos de las autoridades del Iraq para asegurar la normalización duradera de la situación económica y social en el país, así como para hacer frente a la amenaza terrorista. Subrayamos la necesidad de realizar una labor gradual y específica encaminada a nivelar las diferencias entre varios grupos étnicos y confesionales de la sociedad iraquí en el marco de un diálogo nacional. Destacamos la inaceptabilidad de convertir Irak en un escenario de confrontación regional.

16. Perseguimos constantemente una política de promoción de la reconciliación nacional y del arreglo en Afganistán, así como de mantenimiento de la estabilidad y de transformación de este país en un Estado libre de terrorismo y de narcóticos. Nos preocupa seriamente la creciente influencia del ISIS y la amenaza de que sus actividades terroristas se extiendan a Asia Central.

Apoyamos una cooperación sostenida y pragmática entre la comunidad internacional y las autoridades de facto talibanes. Estamos convencidos de que el desarrollo del diálogo con Kabul redunda en beneficio de la seguridad y el desarrollo económico de toda la región.

Seguiremos trabajando en el marco de las plataformas multilaterales que resultaron exitosas, entre ellas el formato de consultas de Moscú, el mecanismo de vecindad de Afganistán, el Cuarteto regional (Rusia-China-Pakistán-Irán), así como a través de las organizaciones regionales, principalmente la OTSC y la OCS. Estamos adoptando medidas para crear un nuevo formato del grupo regional de los cinco con la participación de Rusia, China, India, Irán y Pakistán.

Creemos que los Estados Unidos y sus aliados deberían sumir el grueso de la carga de la recuperación tras el conflicto, ya que son directamente responsables de los efectos causados por su presencia durante 20 años en Afganistán.

Atribuimos gran importancia a las actividades de la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán ante todo en el contexto del aumento de la asistencia humanitaria a la población local, la creación de condiciones para la pronta descongelación de los activos afganos y la movilización de los fondos de los donantes para la reactivación de la economía nacional.

17. Las cuestiones prioritarias relacionadas con la normalización integral de las relaciones entre Azerbaiyán y Armenia incluyen la implementación de declaraciones trilaterales de alto nivel del 9 de noviembre de 2020, el 11 de enero y el 26 de noviembre de 2021, incluyendo el desbloqueo de los vínculos comerciales, económicos y de transporte en la región, la delimitación/demarcación de la frontera entre Azerbaiyán y Armenia, así como la asistencia a las partes en la negociación de un tratado de paz.

18. Estamos seriamente preocupados por las consecuencias destructivas de los intentos de Estados Unidos y sus aliados de aumentar la presión sobre la RPDC, incluso mediante maniobras militares a gran escala. Rechazamos el deseo de endurecer aún más el régimen de sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Consideramos que esta idea no sólo es errónea, sino también inhumana desde el punto de vista de las consecuencias humanitarias negativas para los norcoreanos de a pie. Condenamos la provocadora actividad militar en la región a la que Pyongyang se ve obligado a reaccionar y pedimos que se rompa el "círculo vicioso" de la escalada de tensiones. El único medio eficaz para salir del estancamiento es reanudar el diálogo político y diplomático con el objetivo de reducir el nivel de confrontación y lograr una solución a largo plazo de la situación en torno a la península coreana, así como construir un sistema de seguridad sólido en el noreste de Asia, teniendo en cuenta los intereses legítimos de todos los Estados de la región, incluida la RPDC. Promovemos constantemente iniciativas relevantes junto con China.

19. Creemos que no hay otra alternativa que mantener el Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC). Tenemos la intención de seguir participando en el proceso de negociación de Viena, con el fin de hacer frente a los efectos negativos de la retirada unilateral de Estados Unidos del acuerdo nuclear, en violación de sus obligaciones en virtud de la resolución 2231 del Consejo de Seguridad. Consideramos contraproducente cualquier intento de Washington y sus aliados de aumentar la presión contra Teherán y agravar aún más la situación en lugar de facilitar el pronto restablecimiento de plena aplicación del PAIC.

20. Abogamos por la solución del problema de Chipre mediante las resoluciones relevantes del Consejo de Seguridad de la ONU, que prevén la formación de una federación bicomunal y bizonal con una sola personalidad internacional, soberanía y ciudadanía. Al mismo tiempo, el modelo de solución debe ser aprobado tanto por los grecochipriotas como por los turcochipriotas sin presiones externas. La imposición de plazos arbitrarios es inaceptable. Consideramos que es necesario incluir a los miembros permanentes del Consejo en la discusión de aspectos externos del arreglo y de sustituir el actual sistema de garantías del Reino Unido, Grecia y Turquía por las garantías del Consejo de Seguridad. El pronto nombramiento de un Enviado Especial o Asesor Especial del Secretario General de la ONU, que debería ser aprobado por el Consejo y rendirle cuentas, ayudaría a reiniciar un proceso de negociación válido.

21. La observancia de los principios de igualdad de dos entidades y tres pueblos constituyentes, en plena conformidad con lo estipulado en el Acuerdo de Paz de Dayton de 1995, es fundamental para asegurar un funcionamiento sostenible de las instituciones de Bosnia y Herzegovina. Los bosnios merecen el derecho de decidir por sí mismos el futuro de su país. A ese respecto, consideramos que ya es hora de suprimir la Oficina del Alto Representante. El cargo de Alto Representante permanece vacante, ya que C. Schmidt no ha sido aprobado por el Consejo de Seguridad de la ONU.

22. La situación en Kosovo debe resolverse sobre la base de la resolución 1244 del Consejo de Seguridad. Un acuerdo entre Belgrado y Pristina sólo será viable si las partes llegan a un acuerdo por sí mismas, sin imponer recetas prefabricadas desde el exterior. Nos oponemos a la idea de ajustar el mandato de la Misión de las Naciones Unidas en la provincia y reducir su presupuesto, y también estamos a favor de mantener el formato abierto y la frecuencia de las reuniones sobre la cuestión de Kosovo en el Consejo de Seguridad de la ONU.

23. La aplicación consecuente de las disposiciones del Acuerdo Final de Paz, con especial atención a la cuidadosa implementación de sus secciones sobre reforma agraria y cuestiones étnicas, sigue siendo la base irrevocable para la solución en Colombia. La seguridad física de los activistas sociales, los antiguos rebeldes y la población más vulnerable requiere  mucho esfuerzo.

Acogemos con satisfacción el Acuerdo Semestral de Cese del Fuego con el ELN firmado el 9 de junio de 2023 al final de la tercera ronda de negociaciones de paz en Cuba entre el Gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Consideramos que los acuerdos alcanzados son un paso importante hacia la consecución de la paz integral en Colombia.

24. Nos pronunciamos por aplicar un enfoque equilibrado al examinar la situación en Myanmar y la búsqueda de vías para normalizar la situación humanitaria en el estado de Rakáin. A pesar de la adopción de la Resolución 2669 del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Myanmar el 21 de diciembre de 2022, seguimos asumiendo que la situación en este Estado sólo puede debatirse en el Consejo en el contexto de la cuestión de los refugiados Rohingya. Es más apropiado examinar las cuestiones de derechos humanos que prevalecen en el documento en los foros pertinentes, incluida la Tercera Comisión de la Asamblea General y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

25. Creemos que los propios africanos, con el apoyo de la comunidad internacional, deben desempeñar un papel rector en la prevención de las crisis y el arreglo de los conflictos en África. Nos pronunciamos por el fortalecimiento de las asociaciones de las Naciones Unidas con la Unión Africana y las organizaciones subregionales del continente. Tenemos la intención de seguir contribuyendo enérgicamente al arreglo político de las crisis en la República Centroafricana, la República Democrática del Congo, Sudán del Sur, Somalia, Malí y la región del Sáhara y del Sahel en general, así como en otras zonas de tensión de África. Nos resistimos a los intentos de desprestigiar nuestra cooperación con los países africanos. Acogemos con beneplácito los esfuerzos aplicados por los africanos para eliminar las causas fundamentales de los conflictos, reconstruir las instituciones estatales y reformar el sector de la seguridad. Apoyamos la política de los Estados del continente de liberarse de su pasado colonial. Consideramos inaceptables los intentos de algunos países de promover enfoques neocoloniales en el continente africano.

Es necesario revisar los regímenes de sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas contra varios países africanos, especialmente con respecto al embargo de armas. A menudo, esas medidas no se ajustan a la situación actual y solamente paralizan a los gobiernos en la lucha contra los grupos armados ilegales, sin contribuir a los procesos de paz.

Como miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y socio bilateral de Bangui, seguimos promoviendo el proceso de estabilización y reconciliación nacional en la República Centroafricana mediante el Acuerdo Político por la Paz y la Reconciliación de 6 de febrero de 2019 en aras de la solución a largo plazo del conflicto prolongado en el corazón de África. De conformidad con las normas del derecho internacional, ayudamos al gobierno del país a fortalecer la capacidad nacional en materia de seguridad. Estamos dispuestos a cooperar con todos los actores sobre el terreno –los socios internacionales y bilaterales del Bangui–. El mantenimiento del régimen de sanciones del Consejo de Seguridad contra la República Centroafricana –que obstaculiza el refuerzo de la seguridad de la República– cada día es menos relevante. La cuestión de su abolición total es inminente.

Seguimos de cerca la situación de seguridad en Mali en el contexto de la decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de poner fin a la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en el país (30 de junio de 2023). Nos complace que el Consejo haya respondido unánimemente al llamamiento correspondiente de los malienses, que están dispuestos a asumir plenamente su responsabilidad para garantizar la seguridad de su país. Abogamos por una retirada ordenada y organizada de los cascos azules, en estrecha cooperación con el país anfitrión. Rusia seguirá prestando apoyo a Bamako a nivel bilateral, incluyendo fortalecer las fuerzas armadas, impartir capacitación de personal militar y oficiales encargados de hacer cumplir la ley, así como prestar asistencia humanitaria.

Apoyamos los esfuerzos regionales para resolver el conflicto armado en Sudán entre el ejército regular y la Fuerza de Reacción Rápida que dura desde el 15 de abril de 2023. Nos oponemos categóricamente a los intentos desde el exterior de imponer soluciones politizadas a las partes en conflicto y de ejercer presión sobre ellas, incluso mediante la aplicación de sanciones unilaterales ilegítimas. Estamos convencidos de que una solución sostenible solo se puede lograr mediante métodos políticos y diplomáticos, con la participación de todas las partes interesadas sudanesas. A pesar de la complejidad de la situación actual en Sudán, estamos seguros de que debemos seguir avanzando hacia el cesamiento del régimen de sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que funciona en Darfur. Esas restricciones se impusieron hace tiempo y, como ha demostrado la experiencia, apenas contribuyó a la normalización de la situación.

26. La relevancia del Comité Especial de Descolonización de la Asamblea General de las Naciones Unidas (C-24) no solamente continuará hasta que se resuelva definitivamente el problema de descolonización de todos los 17 territorios no autónomos, sino también aumentará a largo plazo, en consonancia con los cambios en la agenda global, hacia un mayor alejamiento del sistema unipolar encabezado por las antiguas metrópolis occidentales.

27. Las actividades de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas deben realizarse en conformidad estricta con sus principios básicos y la Carta de las Naciones Unidas. Los esfuerzos deben ser enfocados en la facilitación del arreglo político de los conflictos y el logro de la reconciliación nacional. El uso de las nuevas tecnologías no debe relegar las tareas principales del mantenimiento de la paz a un segundo plano. La inteligencia en el mantenimiento de la paz debe utilizarse únicamente para garantizar la seguridad del personal de mantenimiento de la paz y la proteger a los civiles. La ampliación del mandato de las fuerzas de mantenimiento de la paz, incluso mediante el uso de la fuerza, solamente es posible por decisión del Consejo de Seguridad, teniendo estrictamente en cuenta las particularidades de cada país.

Convencidos de que el Comité Especial de Operaciones de Mantenimiento de la Paz de la Asamblea General de las Naciones Unidas (C-34) debe continuar desempeñando un papel rector en elaborar los parámetros generales para las actividades de mantenimiento de la paz. Consideramos contraproducente cualquier intento de soslayar esa plataforma, incluso a través del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Podemos vislumbrar buenas perspectivas para la participación de la OTSC en las actividades de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas. La OTSC ha avanzado mucho en la mejora de sus capacidades de mantenimiento de la paz. Los Estados miembros de la Organización están demostrando su disposición a promover la participación en los esfuerzos de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas no solo a título nacional, sino también bajo la bandera de la OTSC.

El apoyo internacional a la consolidación y el mantenimiento de la paz debe prestarse solo a petición del Gobierno anfitrión y con vistas a desarrollar las capacidades propias de los Estados. La reposición del Fondo para la Consolidación de la Paz mediante las cuotas prorrateadas es posible con una mayor transparencia y rendición de cuentas de sus gastos, así como con mandatos adecuados por parte de los órganos intergubernamentales de las Naciones Unidas.

28. Las sanciones son un instrumento auxiliar importante del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para suprimir las actividades que constituyan una amenaza para la paz y la seguridad internacionales. No deben usarse como medio de castigo. Deben ser "dosificadas" y concretas con duración limitada, así como tomar en cuenta las consecuencias políticas, socioeconómicas, humanitarias y de derechos humanos. Se debe realizar una revisión periódica de los regímenes de sanciones. Si la situación se normaliza, la reacción no debería demorarse, desde la relajación de restricciones obsoletas hasta su completa abolición. Los intentos de usar las sanciones internacionales con fines de competencia desleal, estrangulamiento económico y desestabilización a "regímenes indeseables" son inaceptables. Son inadmisibles los casos, cuando las sanciones impuestas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se complementen con medidas coercitivas unilaterales, especialmente con efecto extraterritorial. Abogamos por formalizar este requisito en las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad. Proponemos ampliar el alcance de la institución del Ombudsman del Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de las resoluciones 1267, 1989 y 2253 relativas al EIIL y Al-Qaida a todas las entidades incluidas en la lista de sanciones del Consejo.

29. Abogamos por la consolidación de la comunidad internacional en la lucha contra el terrorismo bajo el papel central coordinador de las Naciones Unidas, sin politización, dobles raseros ni "agendas ocultas", mediante la Carta de las Naciones Unidas, las convenciones y protocolos universales pertinentes, las resoluciones temáticas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, así como la Estrategia Global de las Naciones Unidas contra el Terrorismo. Consideramos importante la utilización activa de los instrumentos de los órganos subsidiarios de lucha contra el terrorismo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en particular el Comité contra el Terrorismo, los Comités de Sanciones contra el EIIL y Al-Qaida, así como contra el movimiento talibán.

Apoyamos las actividades de la Oficina de las Naciones Unidas de Lucha contra el Terrorismo (OLCT), incluso mediante contribuciones voluntarias rusas. Defendemos la necesidad de incrementar el porcentaje del presupuesto ordinario de las Naciones Unidas que se asigna a la OLCT. Creemos que las iniciativas centradas en el fomento de la capacidad de instituciones contraterroristas nacionales de los países beneficiarios deben formar el núcleo de los proyectos y programas de la Oficina.

30. Abogamos por intensificar los esfuerzos para cortar el apoyo ideológico, material, financiero y de recursos humanos a los terroristas, así como por reforzar la cooperación entre países para combatir a los combatientes terroristas extranjeros (CTE) y enjuiciarlos sobre la base del principio de "extraditar o juzgar".

Nos oponemos a la política de los occidentales de erosionar el marco jurídico internacional de la lucha contra el terrorismo tanto mediante promoción extensiva de cuestiones de derechos humanos y de género que tienen una importancia secundaria en el contexto de la lucha contra el terrorismo, como por medio de promoción de conceptos polémicos de "lucha contra el extremismo violento" y de lucha contra el "extremismo y el terrorismo violento por motivos raciales y étnicos".

Centramos la atención de la comunidad internacional en el peligroso crecimiento de las amenazas de extrema derecha, en particular las manifestaciones de nacionalismo agresivo y neonazismo. Subrayamos la mendacidad y la práctica del doble rasero del Occidente colectivo que, en el contexto de las arrolladoras acusaciones de "agresión" contra Rusia de "agresión", prefiere ignorar el hecho de que el régimen neonazi de Kiev, creado por él, apoya abiertamente el terrorismo, lo que ha convertido a Ucrania en una nueva célula terrorista internacional. Estados Unidos y sus aliados están utilizando activamente al gobierno terrorista ucraniano como cabeza de puente e instrumento de lucha armada contra Rusia. Instamos a los países occidentales y sus aliados a que se renuncien a patrocinar políticamente y armar a las formaciones neonazis ucranianas, que utilizan activamente métodos terroristas y refuerzan los vínculos con la delincuencia organizada transnacional y los grupos terroristas, en particular en materia del transporte de los combatientes terroristas extranjeros y del comercio de armas. Señalamos que ese proceso está conduciendo a una escalada de los riesgos para la seguridad antiterrorista en Europa y en mundo en general.

31. El problema mundial de las drogas se ha agravado durante la pandemia de COVID-19 y sigue constituyendo una grave amenaza para la seguridad y el bienestar de la población. Abogamos por la prestación de la misma atención a sus tres elementos interrelacionados: reducción de la demanda de drogas, reducción de la oferta de drogas y fortalecimiento de la cooperación internacional antidroga basada en el principio de responsabilidad común y compartida.

El estricto cumplimiento por parte de todos los Estados de las tres convenciones pertinentes de las Naciones Unidas de 1961, 1971 y 1988 es clave para el funcionamiento eficaz del sistema mundial de control de drogas. Consideramos los intentos de desestabilizarla, incluida la legalización de las drogas con fines recreativos, como una amenaza para la seguridad nacional de nuestro país. El principio establecido en las convenciones de limitar el uso de drogas únicamente a fines médicos y científicos es la mejor manera de realizar los derechos humanos a la vida y a la salud. Abogamos por una sociedad libre del uso indebido de drogas a través de la promoción de un estilo de vida saludable y protección a niños y jóvenes de las drogas ilícitas.

La lucha contra el uso ilícito de drogas no debe limitar la disponibilidad y accesibilidad de estupefacientes en medicina cuando se demuestre su eficacia para el tratamiento de enfermedades específicas.

32. Abogamos por la consolidación de los esfuerzos internacionales para combatir los desafíos y amenazas criminales bajo el papel central coordinador de las Naciones Unidas, sin politización ni dobles raseros, mediante una cooperación de buena fe, mutuamente respetuosa e igualitaria entre los Estados.

Creemos que los intentos de politizar el trabajo de la Comisión de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal y la Conferencia de las Partes en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (UNTOC, por sus siglas en inglés) son destructivos.

Asignamos gran importancia al debido cumplimiento de los principios rectores y las características del Mecanismo de examen de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que pretende ser técnico, imparcial y facilitar la interacción constructiva entre los Estados en la aplicación efectiva de la Convención.

33. Reiteramos nuestro apoyo a la cooperación internacional contra la corrupción bajo el papel central coordinador de la Organización mundial y mediante la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC, por sus siglas en inglés). Expresamos nuestro firme compromiso con el carácter intergubernamental, técnico e imparcial de los mecanismos de la Convención. Condenamos enérgicamente cualquier intento de politizar el trabajo de la Conferencia de los Estados Parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Asignamos gran importancia a la aplicación de la declaración política del período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas contra la corrupción, en particular en lo que respecta a la necesidad de colmar las lagunas en las normas del derecho internacional que regulan la cuestión de la recuperación de activos.

34. Abogamos por mantener el papel central de las Naciones Unidas, en particular del Grupo de Trabajo de Composición Abierta (GTCA), en el proceso de negociación global sobre la seguridad de la información internacional. Es importante no permitir el establecimiento de mecanismos no transparentes y bajo control de los países occidentales impuestos por ellos para sustituir al GTCA, así como defender el carácter estrictamente interestatal de la toma de decisiones universales sobre la seguridad de la información internacional.

El Grupo tiene como prioridad convertir las reglas, normas y principios de comportamiento responsable en el espacio cibernético en un instrumento jurídicamente vinculante. Instamos a la elaboración y adopción de un tratado jurídico internacional universal destinado principalmente a reforzar la cooperación en la prevención de conflictos en el uso de las TIC. Como prototipo de tal documento, hemos presentado, con personas que tengan ideas semejantes, el concepto de una convención de las Naciones Unidas para garantizar la seguridad de la información internacional.

Tenemos la intención de presentar ante la Primera Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas durante su 78º periodo de sesiones un proyecto de resolución anual del aniversario de Rusia (25 años) titulado "Avances en la esfera de la información y las telecomunicaciones en el contexto de la seguridad internacional". Reflejaremos los resultados del GTCA en 2023, teniendo en cuenta el establecimiento de un registro intergubernamental mundial de puntos de contacto para compartir información sobre ataques/incidentes informáticos. Instamos a todos los países a que apoyen nuestro proyecto.

Además, el establecimiento de un régimen jurídico internacional es una prioridad para nosotros en la lucha contra los delitos informáticos en el marco de la Tercera Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Creemos que es necesario concluir un tratado universal destinado a contrarrestar el uso de las TIC con fines extremistas, terroristas y otros fines delictivos, así como a establecer una cooperación internacional mutuamente beneficiosa en materia de aplicación de la ley en este ámbito. La convención general sobre la lucha contra la delincuencia informática que se está elaborando bajo los auspicios de las Naciones Unidas (y que se adoptará durante el 78º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas) podría servir de base para un instrumento de este tipo.

35. Hemos abogado de manera sistemática por fortalecer los regímenes de tratados vigentes en materia de control de armamento, el desarme y la no proliferación, así como por elaborar los nuevos sobre la base del consenso. Adjudicamos un papel central en este proceso a las Naciones Unidas y su mecanismo multilateral de desarme. Nuestro enfoque está dirigido a aumentar la eficacia y la coordinación de las actividades llevadas a cabo por sus elementos clave: el Primer Comité de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Comisión de Desarme de las Naciones Unidas y la Conferencia de Desarme.

36. Cumplimos estrictamente con nuestros compromisos en virtud del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (TPCE). Pronunciamos por su pronta entrada en vigor. Instamos a los ocho Estados de los que depende el lanzamiento del TPCE que lo firmen y/o ratifiquen lo antes posible. Consideramos la posición de Estados Unidos, que es el único Estado que se negó oficialmente a ratificar el Tratado, como el principal factor destructivo. Washington adopta medidas consecuentes para reanudar las pruebas nucleares, incluso aumentando la disponibilidad del centro de pruebas nucleares de Nevada y destinando considerables sumas de dinero para su mantenimiento. Alentamos a Washington a revisar su enfoque del TPCE.

Rechazamos firmemente las insinuaciones de que nuestro país pueda reanudar las pruebas nucleares. El Presidente de Rusia Vladimir Putin dejó claro en su declaración del 21 de febrero de 2023 que Rusia no sería la primera en realizar una prueba nuclear. Daremos este paso solo en respuesta a una acción similar por parte de Estados Unidos. Tenemos la intención de seguir adhiriendo a nuestra moratoria voluntaria de 1991 sobre las pruebas nucleares.

37. Rusia apoya firmemente el fortalecimiento del régimen de no proliferación nuclear, basado en el Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP). Recientemente, el Tratado enfrentaba graves retos. Cada vez hay más desacuerdos entre los Estados Partes sobre cuestiones relacionadas con la aplicación de sus disposiciones. Eso ocurre en el contexto del derrumbe del sistema existente de acuerdos en materia del control de armamentos. En tales circunstancias, la sostenibilidad del Tratado es una de las prioridades para mantener la estabilidad a escala mundial.

Lamentablemente, la Décima Conferencia de Examen del TNP (2022) concluyó sin una adopción del documento final. La radicalización de las posiciones y las intenciones de varios Estados Partes (principalmente países occidentales) de promover sus propias políticas y de llenar el proyecto de documento de un lenguaje que nada tiene que ver con el fortalecimiento del régimen de no proliferación nuclear hicieron imposible que se aprobara por consenso.

Al mismo tiempo, es demasiado pronto para hablar de una "crisis del TNP". El Tratado sigue siendo plenamente operativo y continúa siendo una de las "piedras angulares" de la arquitectura global de la seguridad internacional y del régimen de no proliferación.

Se iniciará en breve un nuevo ciclo de examen del TNP. Rusia está dispuesta a cooperar plenamente en esta plataforma para hacer realidad las metas y objetivos establecidos en el Tratado. Al mismo tiempo, estamos convencidos de que buscar el consenso por el consenso y esforzarse por acordar un documento final a toda costa es un camino que solo conducirá al debilitamiento del trabajo para fortalecer el TNP. En caso de que se repita la situación como la ocurrida en la Décima Conferencia de Examen del TNP, estamos dispuestos a seguir bloqueando cualquier intento de politizar el proceso de examen.

Siempre hemos apoyado el derecho de los Estados a utilizar la energía nuclear con fines pacíficos. El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) desempeña un papel crucial en la realización de este derecho. Rechazamos categóricamente cualquier intento de politizar el trabajo del Organismo o de ampliar el alcance de sus actividades más allá del marco del Estatuto, destruyendo así la autoridad de este importante organismo internacional.

Creemos que el OIEA debe mantener un equilibrio entre todas las actividades estatutarias de la organización. Apoyamos los esfuerzos del OIEA encaminados al reconocimiento mundial del átomo como fuente de energía sostenible.

Abogamos por mantener el carácter objetivo, despolitizado, técnicamente sólido y, al mismo tiempo, basado en acuerdos entre los Estados y el OIEA, del mecanismo de verificación del Organismo: el sistema de salvaguardias.

La central nuclear de Zaporiyia pasó bajo la jurisdicción de Rusia cuando, tras los referendos, la RPD, la RPL, los Óblast de Jersón y de Zaporiyia pasaron a formar parte de la Federación de Rusia como nuevas entidades.

El problema de detener los ataques ucranianos contra la central nuclear de Zaporiyia, que suponen una amenaza para su seguridad y riesgos de accidentes provocados por el hombre con emisiones de radiación, sigue siendo de actualidad.

Ucrania ha bloqueado todas las iniciativas del Director General del OIEA encaminadas a reforzar la seguridad de la central nuclear de Zaporiyia. Además, Kiev no apoyó las cinco tesis para garantizar la seguridad de la central expresadas por el Director General del OIEA, Rafael Grossi, en la reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas celebrada el 30 de mayo de este año. En general, las recomendaciones de Rafael Grossi sientan las bases para que la Secretaría del OIEA haga pública por fin la información de que dispone sobre los ataques ucranianos a la central nuclear de Zaporiyia y condene abiertamente esos actos temerarios de Kiev.

Por nuestra parte, siempre hemos apoyado las propuestas del Director General del OIEA encaminadas a reforzar la seguridad nuclear de la central. Nunca hemos desplegado ni tenemos la intención de desplegar contingentes y equipos militares destinados a acciones ofensivas en el territorio de la central nuclear de Zaporiyia. En la central nuclear de Zaporiyia, solo se encuentran las fuerzas necesarias para su protección, así como para la eliminación de las posibles consecuencias de los ataques ucranianos. Tenemos la intención de seguir protegiendo la central de manera que se impida que Kiev y el Occidente colectivo planteen amenazas al funcionamiento seguro de la central nuclear de Zaporiyia.

38. Apoyamos de manera constante los esfuerzos regionales de no proliferación de armas de destrucción masiva (ADM). Participamos en calidad de observador en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Creación en Oriente Medio de una Zona Libre de Armas Nucleares y Otras Armas de Destrucción Masiva. Creemos que la elaboración de un acuerdo jurídicamente vinculante sobre la creación de dicha zona seria de interés para todos los Estados regionales. Observamos que Estados Unidos sigue siendo el único miembro de los países poseedores de armas nucleares (el P5) que hasta ahora ignora este importante foro.

39. Compartiendo el noble objetivo de construir un mundo libre de armas nucleares, Rusia ha hecho constantemente una contribución práctica significativa a la solución de esa tarea. Sin embargo, en el contexto la guerra híbrida total desatada contra nosotros, nuestro país ha llegado al límite de su capacidad para reducir las armas nucleares. Los avances en esta dirección solo serán posibles si los países occidentales abandonan su política antirrusa y deben estar condicionados por la incorporación de todos los países con capacidad nuclear militar. Al mismo tiempo, creemos que no debe haber horarios impuestos artificiales ni medidas poco equilibradas y alejadas de las realidades actuales. Los avances en esta dirección deben considerarse como parte de un proceso global de desarme general y completo, como se estipula en el artículo VI del TNP, en su totalidad.

Reconocemos las motivaciones de los defensores de los atajos hacia un mundo libre de armas nucleares, pero estamos convencidos de que el progreso solo es posible sobre la base de un enfoque realista, equilibrado y gradual que promueva la paz, la estabilidad y la seguridad internacionales para todos los Estados. No creemos que el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares (TPAN) cumpla estos criterios y pueda ser un marco para la aplicación de medidas prácticas de reducción de las armas nucleares.

En este sentido, no vemos ninguna posibilidad de apoyar iniciativas tan radicales como el TPAN. La elaboración y promoción persistente de un instrumento de este tipo parece un paso prematuro y contraproducente, ya que a estas alturas sólo provocará contradicciones cada vez más profundas entre los Estados poseedores y no poseedores de armas nucleares y podría causar daños irreparables al régimen fundamental del TNP. No creemos que el TNP establezca ninguna norma universal ni promueva el desarrollo del derecho internacional consuetudinario.

Para Rusia, la posesión de armas nucleares en este período histórico es la única respuesta posible a las amenazas externas concretas que no sólo persisten, sino que van en aumento. La situación de seguridad se está deteriorando debido a los intentos destructivos de EEUU y la OTAN de asegurarse la superioridad militar. Esto se refleja, entre otras cosas, en su curso de dominio político-militar y técnico-militar del espacio postsoviético con la transformación de Ucrania en una cabeza de puente antirrusa. La situación se agrava aún más por las nuevas medidas de los países occidentales para entablar una confrontación militar con Rusia en un intento de infligir una "derrota estratégica" a nuestro país.

En estas circunstancias, la renuncia inmediata a las armas nucleares debilitaría drásticamente la fiabilidad de nuestra disuasión estratégica y, en consecuencia, nuestra seguridad nacional. Además, un paso así podría provocar una nueva escalada de la crisis actual hasta un enfrentamiento militar directo en el que participaran las principales potencias del mundo. En este contexto, el factor de la disuasión nuclear inevitablemente sigue desempeñando un papel importante en nuestras directrices doctrinales.

Al mismo tiempo, éstas definen estrictamente las circunstancias en las que Rusia se reserva el derecho a una respuesta nuclear: el uso de armas nucleares y otros tipos de ADM contra nosotros y nuestros aliados, así como una agresión a gran escala cuando se viera amenazada la propia existencia del Estado.

Al mismo tiempo, creemos firmemente en la inmutabilidad del postulado de que no puede haber vencedores en una guerra nuclear y que no debe librarse, que fue reafirmado por los líderes de los cinco Estados poseedores de armas nucleares en enero de 2022 en una declaración conjunta. Es esencial que cada uno de estos Estados demuestre en la práctica su compromiso con esta declaración en su totalidad. Debe evitarse cualquier conflicto armado entre los Estados poseedores de armas nucleares, y las contradicciones entre ellos deben resolverse oportunamente mediante un diálogo constructivo y mutuamente respetuoso dirigido a evitar una carrera armamentista y a reducir los riesgos estratégicos.

40. La decisión de nuestro país de suspender el Tratado START está vinculada principalmente a la constante política estadounidense de estrangulamiento político-económico de Rusia y debilitamiento intencionado de su seguridad. Así pues, se ha producido un cambio fundamental de circunstancias y el debilitamiento por parte de Washington de los principios y entendimientos fundamentales en los que se basa el Tratado START. Al mismo tiempo, Estados Unidos sigue ignorando desafiantemente la relación entre armas estratégicas ofensivas y defensivas establecida en el Tratado, y viola también las limitaciones cuantitativas del START de las partes en el Tratado, de importancia fundamental para la realización de su objeto y objetivos. La facilitación por la parte estadounidense de los ataques del régimen de Kiev contra las instalaciones estratégicas rusas declaradas en virtud del Tratado START también ha supuesto un duro golpe para el Tratado.

Para mantener un nivel aceptable de previsibilidad y estabilidad en la esfera de los misiles nucleares, Rusia seguirá respetando los límites cuantitativos del START durante la vigencia del Tratado. Además, seguiremos participando en el intercambio de notificaciones de lanzamientos de ICBM y SLBM con Estados Unidos sobre la base del correspondiente acuerdo bilateral de 1988.

La decisión de suspender el Tratado START sólo podrá revertirse si Estados Unidos muestra voluntad política y realiza los esfuerzos necesarios para una desescalada general, eliminando las violaciones y creando las condiciones para la reanudación del pleno funcionamiento del Tratado. Determinar su destino también requerirá la consideración obligatoria del arsenal nuclear combinado de Estados Unidos, el Reino Unido y Francia, que junto con otros aliados de la OTAN actúan cada vez más como un frente unido antirruso en cuestiones nucleares.

Desde la finalización del Tratado de Eliminación de Misiles de Intermedio y Corto Alcance (Tratado INF) en agosto de 2019, nos hemos comprometido para mantener la previsibilidad y la moderación en la esfera de los misiles a no desplegar este tipo de misiles hasta que se hayan desplegado en las regiones respectivas armas similares de fabricación estadounidense.

Estas medidas siguen siendo pertinentes, pero la moratoria rusa está sometida a una presión cada vez mayor debido a los desestabilizadores programas militares estadounidenses, incluidos los planes de despliegue de sistemas de misiles anteriormente prohibidos por el Tratado INF.

El progreso hacia el desarme depende directamente de la situación en el ámbito de la seguridad internacional y la estabilidad estratégica, que en las condiciones actuales sigue viéndose afectada negativamente por factores como el despliegue sin restricciones del sistema global de defensa antimisiles combinado con la acumulación de armas convencionales de alta precisión para ataques "globales" y de "desarme", la perspectiva de lanzar armas de ataque al espacio, los crecientes desequilibrios en el ámbito de las armas convencionales, la expansión de las alianzas militares y los intentos de crear nuevos bloques, la destrucción y dilución de la arquitectura de control de armamentos, así como la presión ilegítima de sanciones como parte de actividades híbridas hostiles.

En términos más generales, los intentos de frenar por todos los medios el surgimiento de un orden mundial más equitativo y policéntrico conducen a un aumento de las tensiones interestatales y del potencial de conflicto. En este contexto, parece pertinente establecer como tarea fundamental la formación de una nueva arquitectura de seguridad internacional y estabilidad estratégica mundial más sostenible y viable, sobre la base de unas normas de coexistencia mutuamente aceptables que garanticen el necesario nivel básico de seguridad para todos y excluyan la consecución de una superioridad militar-estratégica decisiva por una de las partes. La solución global de la inaceptable situación militar y política en la región euroatlántica causada por las acciones desestabilizadoras de los Estados Unidos de América y sus aliados se considera un elemento indispensable.

Como cuestión de principio, Rusia sigue abierta a la cooperación con todas las partes interesadas en los formatos internacionales correspondientes sobre la desescalada general, el fortalecimiento global de la seguridad y la estabilidad y la minimización de los riesgos estratégicos, incluso mediante el uso de instrumentos de control de armamentos. Sin embargo, esto sólo es posible sobre la base de la igualdad de derechos y la consideración genuina de los intereses de Rusia.

41. Rusia es el promotor de la elaboración de importantes acuerdos multilaterales en la esfera de CADN - sobre la prevención de una carrera armamentista en el espacio ultraterrestre y sobre la lucha contra los actos de terrorismo químico y biológico. Creemos que un diálogo constructivo sobre estas cuestiones nos permitirá iniciar un trabajo profundo (incluidas las negociaciones) en las Naciones Unidas. Al promover estas iniciativas, nos adherimos estrictamente a los principios de igualdad de derechos y consenso, que garantizan el equilibrio de intereses.

Como es costumbre, presentaremos en la Primera Comisión del 78º período de sesiones de la Asamblea General de la ONU proyectos de resoluciones sobre el compromiso de no ser el primero en emplazar armas en el espacio ultraterrestre, medidas de transparencia y fomento de la confianza para las actividades espaciales, así como nuevas medidas prácticas sobre la PAROS. La globalización de la iniciativa de no emplazar armas en el espacio ultraterrestre es un paso importante, aunque solo intermedio, hacia la conclusión de un tratado internacional sobre la prevención del emplazamiento de armas en el espacio basado en el proyecto de tratado ruso-chino sobre la prevención del emplazamiento de armas en el espacio ultraterrestre y la amenaza o el uso de la fuerza contra objetos espaciales.

42. En el ámbito de la cooperación internacional en los asuntos relacionados con la exploración y utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos, partimos del carácter inalterable del papel central y coordinador de la Comisión de las Naciones Unidas sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos (COPUOS).

Consideramos contraproducentes los intentos de diluir el mandato de la COPUOS mediante el aplazamiento artificial de cuestiones de los desechos espaciales y la gestión del tráfico orbital de su agenda a foros paralelos de la ONU puramente relacionadas con el desarme, en el marco de un concepto de la llamada "conducta espacial responsable".

Creemos que es esencial que sea aprobada por unanimidad la resolución sobre la Cooperación internacional en los usos pacíficos del espacio exterior en la que se reafirma el Informe del 66º período de sesiones de la COPUOS.

Seguimos defendiendo la necesidad de seguridad jurídica en la delimitación del espacio ultraterrestre y el espacio aéreo, incluso en el contexto del establecimiento de los límites espaciales de la soberanía de los Estados sobre su territorio y la garantía de su seguridad nacional, así como la creación de condiciones para la sostenibilidad a largo plazo de las actividades y la seguridad de los vuelos de las aeronaves. Pedimos el establecimiento de un sistema eficaz de gestión del tráfico espacial basado en la regulación y la supervisión mediante el desarrollo por parte de la comunidad internacional de normas de comportamiento jurídicamente vinculantes.

43. Abogamos por un fortalecimiento de las convenciones sobre la prohibición de armas biológicas y toxínicas, así como químicas, el Protocolo de Ginebra de 1925 relativo a la Prohibición del Empleo en la Guerra de Gases Asfixiantes, Tóxicos o Similares y de Medios Bacteriológicos.

La creciente tendencia a la "privatización" por parte de los aliados euroatlánticos, encabezados por los Estados Unidos de América, de las organizaciones internacionales especializadas, de la que la inaceptable situación de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) es un ejemplo paradigmático, es es profundamente preocupante.

Al amparo de la retórica antirrusa y antisiria, los países de la OTAN y la UE abandonaron finalmente en 2018 la práctica de la búsqueda de consenso en cuestiones clave del orden del día de la OPAQ formulada en el artículo VIII de la Convención sobre Armas Químicas (CAQ), sustituyéndola por votaciones basadas en la disciplina de bloque. El resultado de este esfuerzo deliberado fue otorgar a la Secretaría Técnica (ST) de la Organización funciones "atributivas", en violación del procedimiento para enmendar la Convención (Artículo XV) previsto en la CAQ. De hecho, en pos de su objetivo de sustituir al gobierno legítimo de B. Assad, indeseable para Washington, el Occidente colectivo ha socavado la integridad de la Convención y destruido el carácter técnico de la labor de la OPAQ.

44. Concedemos gran importancia a la Resolución 1540 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas como uno de los instrumentos internacionales básicos en el ámbito de la no proliferación destinado a impedir que las ADM y los materiales relacionados con ellas caigan en manos de agentes no estatales. Estamos a favor de mantener el espíritu de cooperación en este foro de la ONU.

45. En el contexto de la situación de Ucrania, nos preocupa profundamente que los países occidentales socaven los esfuerzos mundiales para combatir el flujo ilícito de armas y que hayan violado sus compromisos de control de armas. El suministro de armas desenfrenado al régimen de Kiev por países de la OTAN, que por sus mismos reconocen no tener capacidad para controlar su movimiento posterior, acentúa considerablemente los riesgos de que aquellas armas, incluidas las de naturaleza especialmente sensible, caigan en manos de estructuras criminales y grupos terroristas y se circulen incontroladamente en Europa y en el mundo entero.

46. Abogamos por la creación de una estructura universal especializada bajo los auspicios de la ONU para abordar toda la gama de cuestiones relacionados con la lucha contra la delincuencia marítima de diferentes regiones.

Seguimos colaborando activamente con socios del Cuerno de África, por ejemplo en el Grupo de Contacto sobre la Actividad Marítima Ilícita.

Tomamos nota de la convergencia de nuestros planteamientos con los socios del Cuerno de África sobre la cuestión de la lucha contra la piratería, así como de nuestro compromiso conjunto de mantener y seguir desarrollando el Grupo de Contacto sobre la Piratería.

Dada la persistencia de los actos de piratería y asaltos cometidos contra los buques en las aguas del Golfo de Guinea, estamos interesados en la continuación de la participación rusa en las reuniones del Foro de Cooperación Marítima del Golfo de Guinea – un formato útil para la interacción y la coordinación de operaciones antipiratería.

Tomamos nota de las actividades del Programa Mundial contra la Delincuencia Marítima (GMCP), supervisado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD). Seguimos comprometidos a continuar la práctica de proporcionar asistencia financiera a los Estados costeros del Golfo de Guinea con la contribución voluntaria anual de la Federación de Rusia a la ONUDD para mejorar la capacidad de combate y el equipamiento técnico de las estructuras de poder marítimo de la región.

47. En el ámbito del derecho del mar, consideramos fundamental preservar la integridad del régimen normativo establecido por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 y otros documentos fundamentales en esa esfera. Los nuevos procesos, incluido un acuerdo sobre la diversidad biológica marina, firmado en junio de 2023, más allá de la jurisdicción nacional, no deben perjudicar las disposiciones de los tratados universales y regionales existentes ni los mandatos de las organizaciones intergubernamentales competentes.

Estamos interesados en el buen funcionamiento de los órganos establecidos por la Convención de 1982: la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar y la Comisión de Límites de la Plataforma Continental. Creemos que esos órganos deben actuar estrictamente dentro de los límites de sus mandatos en virtud de la Convención evitando cualquier interpretación amplia de sus poderes y la politización de sus decisiones.

48. Rusia cuenta con que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) desempeñe de forma efectiva e imparcial las funciones que le encomienda la Carta de las Naciones Unidas, incluso en los procedimientos. El 16 de marzo, con la participación de Rusia - sobre el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo de 1999 y la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial de 1965, así como sobre la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948 - la parte rusa presentó argumentos impecables desde el punto de vista jurídico y fáctico sobre la ausencia de "terrorismo" en Donbás y de "discriminación racial" en Crimea, así como sobre la falta de jurisdicción de la Corte sobre las rebuscadas acusaciones de Ucrania sobre nuestro supuesto "abuso" de la Convención sobre el Genocidio. Como el propio Tribunal ha reconocido anteriormente, la Convención no aborda el uso de la fuerza, especialmente cuando se trata del ejercicio del derecho de legítima defensa, garantizado por el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas.

La tarea del Tribunal se complica por la presión política sin precedentes de Occidente, incluida la avalancha de países de la OTAN que se unen como "terceras partes" en los procedimientos en virtud de la Convención sobre el Genocidio. Abogados, testigos y expertos rusos en la CIJ han recibido amenazas de muerte y han sido añadidos a la "lista de fusilamiento de los enemigos de Ucrania" en el sitio web "Myrotvorets". En estas circunstancias, el Tribunal debe tomar la decisión correcta en favor de la justicia, de lo contrario todo el sistema de justicia internacional se verá afectado.

49. Seguimos de cerca las actividades de la Comisión de Derecho Internacional de la ONU, que tradicionalmente ha contribuido de manera significativa a la codificación y el desarrollo progresivo del Derecho internacional. En el marco de la Sexta Comisión de la AGNU, promovemos los enfoques doctrinales rusos en el ámbito del derecho internacional, incluso a favor del desarrollo de convenciones universales sobre cuestiones maduras para la codificación.

50. En el último año, la Corte Penal Internacional (CPI) ha demostrado plenamente su naturaleza títere y corrupta. La actividad de este organismo, que no guarda relación alguna con las Naciones Unidas, hace imposible caracterizar esta estructura como una institución de justicia penal internacional. Suponemos que, al plantearse la cooperación con la CPI, los Estados cumplirán plenamente las normas generalmente aceptadas del derecho internacional sobre la inmunidad de los funcionarios del Estado.

51. Subrayamos el carácter provisional y el mandato estrictamente limitado del Mecanismo Residual Internacional de los Tribunales Penales y la necesidad de su pronta eliminación. El Mecanismo Residual ha heredado las peores prácticas de sus predecesores, especialmente del Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia, adoptando una posición sistemáticamente antiserbia.

Seguimos creyendo que es inaceptable otorgar a órganos de organizaciones internacionales la facultad de investigar posibles hechos internacionalmente ilícitos y "atribuir" responsabilidad a Estados que no lo han consentido expresamente, así como otros casos de extralimitación en sus competencias.

"El mecanismo internacional imparcial e independiente para facilitar la investigación de los responsables de los crímenes más graves de derecho internacional cometidos en la República Árabe Siria desde marzo de 2011", creado por la AGNU excediéndose en sus competencias, es ilegítimo y sus "decisiones" son jurídicamente nulas.

52. El "Estado de derecho" debe abordarse centrándose en su dimensión internacional. Hay que resistirse a los intentos de utilizar el "Estado de derecho" para interferir en los sistemas jurídicos nacionales. Creemos que la aplicación extraterritorial de la legislación nacional en detrimento de la soberanía de otros Estados es un factor negativo en las relaciones internacionales.

53. La Federación de Rusia hace un llamamiento constante a todos los Estados para que construyan la cooperación en el ámbito de los derechos humanos sobre la base de los principios y normas universalmente reconocidos del derecho internacional y trabajen juntos para desarrollar un diálogo constructivo, equitativo y respetuoso sobre los derechos humanos.

La Federación Rusa ha presentado su candidatura para la reelección al CDH en las elecciones que se celebrarán en octubre de este año, durante el 78º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. En caso de ser elegidos, seguiremos construyendo un diálogo constructivo, equitativo y respetuoso sobre los derechos humanos. Contamos con el apoyo de nuestros socios en estas elecciones.

Creemos que la responsabilidad primordial de la protección de los derechos humanos recae en los Estados, mientras que las estructuras ejecutivas de las Naciones Unidas desempeñan un papel de apoyo. Estamos convencidos de que todas las categorías de derechos humanos: civiles y políticos, económicos, sociales y culturales son iguales y tienen el mismo valor.

Creemos que la integración de las cuestiones de derechos humanos en todas las esferas de actividad de las Naciones Unidas es contraproducente y no debe conducir a la duplicación del trabajo de los principales órganos de la Organización. No somos partidarios de vincular las actividades del CDH y del CSNU.

Nos oponemos categóricamente a la idea de "dividir" sus períodos de sesiones en sustantivos y reanudados, que está desarrollando la Mesa de la Tercera Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Consideramos tales acciones como una arbitrariedad inaceptable.

Nos opondremos a la adopción de resoluciones por países politizadas para adaptarse a las prioridades políticas de países concretos. En la misma línea, vemos la resolución sobre la situación de los derechos humanos en Crimea, que la delegación de Ucrania viene presentando periódicamente a la Tercera Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas desde 2016. El documento no tiene nada que ver con la situación real en esa región de la Federación de Rusia y se está utilizando para difundir propaganda antirrusa en las Naciones Unidas.

La transparencia y la rendición de cuentas a los Estados Miembros de las Naciones Unidas de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) deben reforzarse en sus actividades para evitar la politización y los enfoques sesgados a la hora de evaluar la situación de los derechos humanos en diversos países.

Es inaceptable que la ACNUDH siga ignorando las comunicaciones periódicas de la parte rusa sobre los crímenes del régimen de Kiev y las atrocidades cometidas por militantes ucranianos y mercenarios extranjeros en Donbás y otras regiones rusas. La ACNUDH no repara en las manifestaciones de neonazismo en Ucrania, la persecución de la ortodoxia canónica, la prohibición de las actividades de los partidos y movimientos de la oposición, la detención y tortura de miembros de la oposición, defensores de los derechos humanos y personalidades públicas. La Oficina hace oídos sordos a las odiosas declaraciones de funcionarios ucranianos que piden el exterminio de la población rusoparlante, incluidos los niños, la caza de periodistas rusos y el maltrato de soldados rusos capturados. Al mismo tiempo, la ACNUDH hace la vista gorda ante la rusofobia rampante desatada en los países occidentales y la prohibición de más de un centenar de medios de comunicación en toda Europa y Ucrania. No se condena en modo alguno el suministro de armas letales a Ucrania por parte de los países occidentales.

54. Condenamos enérgicamente toda forma y manifestación de la discriminación. La prohibición de discriminación estipulada en los tratados internacionales de derechos humanos es de carácter universal y se aplica a todas las personas sin exclusión. No vemos ningún valor añadido en indicar nuevos grupos vulnerables (por ejemplo, los representantes de la comunidad LGBT, activistas de derechos humanos, blogueros) que supuestamente necesitan un régimen especial de defensa de sus derechos, así como la creación de nuevas categorías de derechos. Esas medidas tomadas por varios países llevan a una mayor politización y al enfrentamiento en la labor de los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas.

55. En lo que se refiere al desarrollo social, apoyamos los esfuerzos de la comunidad internacional encaminados a facilitar medidas prácticas para la erradicación de la pobreza, el fomento de la integración social, del empleo pleno y trabajo decente para todos. Creemos que tales actividades promueven la realización progresiva de las decisiones de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social (Copenhague, 1995) y del 24º período de sesiones de la Asamblea General de la ONU.

Nos oponemos a las tentativas de liquidar la Comisión de Desarrollo Social de la ONU que es el órgano coordinador principal del sistema de la ONU para la promoción de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, el apoyo a las personas de edad, el mejoramiento de la situación de los jóvenes y el fortalecimiento del papel de la familia tradicional. Estamos convencidos de que la iniciativa propuesta por el Secretario General de la ONU de celebrar la Cumbre Social Mundial en 2025 debe discutirse precisamente en ese foro intergubernamental.

56. Exhortamos que las cuestiones de la igualdad de género y el adelanto de la mujer se tomen en cuenta en las actividades del sistema de la ONU de manera equilibrada, sin absolutizarlas y donde sea apropiado. Estamos convencidos de que la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW) de la ONU sigue siendo el foro intergubernamental clave para un diálogo constructivo sobre toda la gama de cuestiones relacionadas con el adelanto de la mujer en el espíritu de los resultados de la 4ª Conferencia Mundial sobre la Mujer y el 23o período extraordinario de sesiones de la Asamblea General.

Creemos que las actividades de ONU-Mujeres deben ser determinadas por su mandato, también en cuestiones relacionadas con la implementación del Plan Estratégico para 2022-2025 que no ha sido acordado por los Estados. Consideramos que la asistencia prestada por ONU-Mujeres sobre el terreno solamente es eficaz cuando se brinde a petición de los Estados interesados y con su permiso.

57. Apoyamos el fortalecimiento de la cooperación internacional en materia de la promoción y defensa de derechos del niño a base de la Convención sobre los Derechos del Niño y el documento final aprobado al término del 27º período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de la ONU Un mundo apropiado para los niños, que proclaman, entre otras cosas, la necesidad de un entorno familiar para el desarrollo pleno y armonioso de la personalidad del niño. Subrayamos la importancia del derecho de los padres de impartirle al niño, en consonancia con la evolución de sus facultades, dirección y orientación apropiadas para que el niño ejerza sus derechos.

Prestamos mucha atención al tema de los niños en los conflictos armados, incluso en el marco del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Expresamos nuestra más enérgica condena a la decisión parcial del Secretario General de la ONU a incluir las Fuerzas Armadas de Rusia en la lista de los responsables de violaciones cometidos contra los niños en Ucrania en su informe anual pertinente por 2022. Creemos que la lista debe incluir las fuerzas armadas de Ucrania que han cometido numerosos crímenes contra los menores de edad.

Apoyamos el mandato de la Representante Especial del Secretario General para la Cuestión de los Niños y los Conflictos Armados y estamos comprometidos a continuar cooperando con ella. Pedimos a la Representante Especial que en el contexto de la situación de los niños en Ucrania utilice solamente hechos verificados y evite politizar esta cuestión.

58. Apoyamos la discusión en el marco de la ONU de los problemas de desarrollo de la interacción interreligiosa e intercultural, así como del diálogo entre civilizaciones, incluso en el marco de la Alianza de Civilizaciones. Creemos que la creación de una cultura de paz es un requisito fundamental para la coexistencia pacífica y la cooperación internacional en pro de la paz y el desarrollo.

59. Estamos dispuestos a colaborar con todas las organizaciones no gubernamentales especializadas en cuestiones de la agenda de las Naciones Unidas. Contribuimos a que las organizaciones no gubernamentales de Rusia estén representadas de forma adecuada en las actividades de los respectivos segmentos, organizaciones y entidades de la ONU.

60. Pedimos cautela en lo que se respecta al concepto del enfoque multipartito que se usa extensivamente en los documentos de la ONU y sirve como uno de los parámetros clave del informe del Secretario General de la ONU António Guterres titulado "Nuestra Agenda Común". Creemos importante que la participación de los agentes no estatales en la labor de la ONU no deba perjudicar el carácter intergubernamental de la Organización.

61. La Federación de Rusia está convencida de que se necesita la coordinación de los esfuerzos por parte de todos los Estados para que se mitiguen las crisis migratorias que afectan países individuales y regiones enteros del mundo. Es necesario promover la cooperación multilateral en esta esfera bajo la coordinación central de las Naciones Unidas para solucionar de manera eficaz los problemas relacionados con el desplazamiento masivo de grandes grupos de refugiados y migrantes.

Creemos que enfoques para superar los retos de la migración, incluidas las cuestiones relativas a la promoción y la protección de los derechos de los refugiados, no pueden contradecir a los principios fundamentales del humanitarismo, la neutralidad, la imparcialidad y la independencia, y que las medidas que se adopten no deben violar la soberanía y la integridad territorial de los Estados, ni realizarse sin recibir el permiso de los países donde se realicen. Estamos convencidos de que para resolver este problema se necesita arreglo político en los países de origen de los migrantes, así como la prestación de asistencia a aquellos países para facilitar su desarrollo económico y social, la construcción del Estado y la lucha contra el terrorismo.

La Federación de Rusia contribuye de manera significativa al fortalecimiento del régimen internacional de la protección de los refugiados y la respuesta a los problemas migratorios, como atestigua la acción humanitaria de gran escala en muchos países y regiones del mundo, así como los esfuerzos políticos para prevenir y superar las crisis. En particular, nuestro país proporciona una contribución voluntaria anual de 2 millones de dólares al presupuesto de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Encomiamos el papel del ACNUR en el mejoramiento de la eficacia de la protección internacional de los refugiados y otras categorías de personas que son de su responsabilidad. Creemos que el trabajo del ACNUR es especialmente importante en situaciones de grave crisis humanitaria y consideramos que es un componente significante de las medidas comprensivas encaminadas a la resolución de tales crisis.

Desde el febrero de 2022 más de 5 millones de habitantes de la República Popular de Donetsk, la República Popular de Lugansk, las regiones de Jersón y Zaporiyia, y de Ucrania se han trasladado de manera urgente a regiones seguras de Rusia. La parte rusa está haciendo todo lo posible para acoger y alojar a estas personas y proporcionarles una asistencia integral.

Consideramos necesario que el ACNUR preste una mayor atención a las personas apátridas, incluso en Europa.

Intentamos participar constructivamente en la preparación al Segundo Foro Mundial sobre los Refugiados previsto para el diciembre de 2023 que aumente la visibilidad a nivel internacional de los problemas más importantes de los refugiados y contribuya a que se fomenten los empeños para realizar el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular.

62. También es evidente el carácter contraproducente de la resolución de la Asamblea General de la ONU patrocinada anualmente por Georgia sobre la situación de los desplazados internos y los refugiados de Abjasia y Osetia del Sur, que puede conllevar la agudización de las tensiones en la región y frenar las discusiones internacionales de Ginebra sobre la seguridad y estabilidad en Transcáucaso, que siguen siendo el único formato de diálogo para los representantes de Abjasia, Osetia del Sur y Georgia.

63. Nos preocupa la politización extrema de la UNESCO y la "ucranización" absoluta de todas las actividades de esta organización. La imposición a la UNESCO por países occidentales de temas de integridad territorial y soberanía que están fuera de su esfera de competencia, así como la promoción de iniciativas no inclusivas en el espíritu del ominoso "orden basado en normas", socavan la autoridad internacional de esta institución y afectan negativamente la eficacia de sus actividades. Insistimos en la necesidad de que se redoble la disciplina presupuestaria y que la Secretaría y todos los Estados miembros cumplen estrictamente con las disposiciones de la Constitución de la UNESCO.

64. Nos preocupa la politización extrema de la esfera humanitaria y las tentativas de discriminación y difamación de artistas, imposición de medidas restrictivas unilaterales por razones étnicas, desmantelamiento de monumentos relacionados con el patrimonio cultural. Nos indignan la rusofobia desenfrenada en los países del Occidente colectivo, la desrusificación de las obras del arte y la cancelación de la cultura rusa.

65. Estamos convencidos de que el deporte sirve como un instrumento único para desarrollar y fortalecer los vínculos sociales, establecer relaciones de respeto mutuo, así como está destinado a acercar y unir a los pueblos.  Hemos siempre promovido el desarrollo de la colaboración internacional en esfera de deporte sobre la base de igualdad que corresponda plenamente al espíritu y los principios de olimpismo que excluya politización y parcialidad. Creemos inaceptable que ciertos países occidentales usen indebidamente la esfera del deporte para sus propios fines. Las tentativas persistentes de politizar la cooperación en el ámbito del deporte, ejercer presión sobre pertinentes organismos multilaterales, incluido el Comité Olímpico Internacional, y promover divisiones internas en el movimiento internacional olímpico, entran en conflicto con los objetivos e ideales del olimpismo.

Insistimos en que las competiciones se celebren de manera limpia y justa, y que a todos sin excepción se le otorgue posibilidad de participar plenamente en el movimiento olímpico y paralímpico.

66. Abogamos por la abolición inmediata de la censura políticamente motivada de los medios de comunicación rusos y rusoparlantes por parte de las autoridades de los Estados del Occidente colectivo, Ucrania y Moldavia, así como de las grandes empresas de TI. Insistimos en que se ponga fin a la represión de líderes de opinión y periodistas con opiniones divergentes. Estamos profundamente preocupados por la falta de respuesta de las organizaciones y estructuras internacionales pertinentes del sistema de las Naciones Unidas en relación con un declive en la libertad de expresión en muchos países del mundo.

67. En el ámbito socioeconómico, los países occidentales están especialmente interesados en culpar a Rusia del agravamiento de la crisis económica y aprovechar la situación para excluir a Rusia y a sus países afines de las estructuras pertinentes específicas. En este contexto, los países en desarrollo se muestran cada vez menos tímidos a la hora de hablar de los daños económicos que les causan desde hace tiempo (desde el periodo colonial) los conflictos armados, las medidas coercitivas unilaterales, la contaminación medioambiental, las transformaciones económicas fallidas con préstamos y ayudas occidentales y, más recientemente, la tendencia a reducir o reorientar la ayuda al desarrollo hacia fines militares o humanitarios. Los países en desarrollo son conscientes de que las sanciones, como forma de guerra híbrida, tienen implicaciones globales, ya que afectan a la volatilidad de los mercados, al acceso a los alimentos y a los recursos energéticos que son clave para la estabilidad social y el desarrollo económico. En condiciones de recesión, sin Rusia será imposible tomar medidas prácticas eficaces para restablecer las cadenas de suministro, garantizar la seguridad energética y alimentaria e impedir la degradación de las relaciones económicas mundiales.

68. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (Agenda 2030), a pesar de ser objetivamente desafiantes, siguen siendo plenamente relevantes como iniciativa creativa y consolidadora universal. Los debates en torno a determinados elementos de la iniciativa de reforma del Secretario General de las Naciones Unidas "Nuestra Agenda Común" no deben eclipsar la papel central del Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible (FPAN) cuatrienal organizado en Nueva York en septiembre de 2023 bajo los auspicios de la Asamblea General de la ONU. Lleva a cabo una revisión intermedia de la implementación de la Agenda 2030. El Diálogo de Alto Nivel sobre la Financiación para el Desarrollo que tendrá lugar a continuación revisa la Agenda de Acción de Addis Abeba sobre la Financiación para el Desarrollo, que es la parte integrante de la Agenda 2030. Estos acuerdos intergubernamentales siguen siendo plenamente relevantes como puntos de referencia para la planificación a nivel de país y los esfuerzos centrados del sistema de desarrollo de las Naciones Unidas. 

Consideramos la lucha contra la pobreza como una tarea central en la labor de la ONU en materia social y económica. Apoyamos la elaboración ulterior de medidas prácticas para erradicar la pobreza e introducir transformaciones socioeconómicas y tecnológicas relacionadas al desarrollo de la producción industrial, sobre todo en los países menos adelantados, en el marco del Tercer Decenio de las Naciones Unidas para la Erradicación de la Pobreza 2018-2027.

69. Respaldamos los esfuerzos multilaterales para luchar contra el cambio climático. Consideramos que la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y el Acuerdo de París (AP) celebrado bajo sus auspicios son los principales mecanismos jurídicos internacionales para un acuerdo climático a largo plazo. Consideramos que es importante cumplir estrictamente las disposiciones del AP en cuanto a la reducción de la tasa de aumento de la temperatura media mundial en el rango de 21,5 grados centígrados y el logro de la neutralidad del carbono en la segunda mitad del siglo y no para 2050. Nos oponemos a la "dilución del mandato" de la CMNUCC y a la creación de un sistema duplicado de obligaciones resultantes del tratado. Es necesario respetar la "división del trabajo" entre los mecanismos medioambientales, sin crear "líneas de solapamiento" artificiales que compliquen la realización de tareas e intereses comunes.

Estamos convencidos de que los esfuerzos en materia de cambio climático deben basarse en una cooperación internacional no discriminatoria, que tenga en cuenta las realidades económicas y los intereses de todos los países afectados.

Nos oponemos a la vinculación entre el clima y la seguridad y a que las misiones de mantenimiento de la paz tengan funciones inadecuadas de vigilancia del clima. Los principales Estados donantes tratan de eliminar así la responsabilidad por los problemas económicos de los países menos adelantados.

70. En cuanto a la cooperación energética, priorizamos el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna (ODS 7), teniendo en cuenta los factores medioambientales.

Reconociendo la urgencia de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, abogamos por el principio de neutralidad tecnológica sin discriminación de las fuentes de energía con características similares de emisión de gases de efecto invernadero. Los diferentes tipos de recursos energéticos (nuclear, hidroeléctrica y todos los tipos de FER) deben ser evaluados objetivamente en función de su impacto ambiental a lo largo de su ciclo de vida. En ese contexto abogamos por la promoción del gas natural como el combustible fósil más aceptable desde el punto de vista ambiental, así como por la clasificación de la energía nuclear e hidroeléctrica como fuentes de energía limpias. Al mismo tiempo, creemos que el reemplazo de la generación de carbón y la reducción del uso de combustibles fósiles deben producirse a medida que maduren las condiciones económicas y tecnológicas.

Estamos convencidos de que la transición hacia un desarrollo con bajas emisiones debe ser gradual, equilibrada y cuidadosamente adaptada, teniendo en cuenta las características nacionales y regionales. La elaboración de normas comunes, universales y comprensibles para la gestión del clima contribuirá a mejorar la eficacia de los esfuerzos comunes.

Al mismo tiempo, señalamos la importancia fundamental de proteger las infraestructuras críticas, también de conformidad con la resolución 2341 del Consejo de Seguridad de la ONU. A este respecto, reiteramos el llamamiento a una investigación internacional abierta y transparente del atentado terrorista contra el sistema de gasoductos Nord Stream en septiembre de 2022.

71. Seguiremos defendiendo los parámetros básicos de la prestación de asistencia humanitaria internacional fijados en la resolución 46/182 de la Asamblea General de las Naciones Unidas y otras decisiones de la Asamblea General y el ECOSOC. Somos partidarios de aumentar la rapidez y eficacia de dicha asistencia. Seguiremos instando a los organismos humanitarios del sistema de las Naciones Unidas a basar su trabajo en datos revisados sobre la situación humanitaria en el terreno.

72. La abolición de las medidas coercitivas unilaterales (MCU) que contravienen la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional podría contribuir decisivamente a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y a superar la crisis mundial. Las MCU bloquean la asistencia a los necesitados, el suministro de productos básicos (alimentos, fertilizantes, materiales combustibles y lubricantes, medicamentos) y obstaculizan la recuperación económica de fuentes internacionales de inversión, socavando los esfuerzos multilaterales para hacer frente a las consecuencias de la pandemia de COVID-19.

La tendencia al uso de restricciones económicas de carácter extraterritorial (las llamadas sanciones secundarias) es especialmente preocupante.  Se está introduciendo en la práctica de las relaciones interestatales el principio de la responsabilidad de terceros países, sus autoridades, ciudadanos y empresas por mantener y desarrollar relaciones comerciales y económicas mutuamente beneficiosas con partes contra las que se han aplicado las MCU. De hecho, estamos hablando de una injerencia en los asuntos internos de países soberanos, de una práctica neocolonial de coacción para cumplir las restricciones sancionadoras ilegales ajenas bajo presión directa sobre los círculos sociopolíticos de los países destinatarios.

73. La parte rusa comparte los llamamientos de los dirigentes de las Naciones Unidas para reformar la arquitectura financiera mundial, que en su forma actual contribuye a que los países occidentales mantengan su dominio en la economía mundial y que los países en desarrollo aumenten la carga de la deuda, así como impide el acceso libre y no discriminatorio a los mercados internacionales de capital. Apoyamos las iniciativas para reformar los acuerdos de Bretton Woods y garantizar una participación más representativa de los países en desarrollo y de los países de economía en transición en su capital y en sus órganos de gobierno. Lamentamos que el Secretario General de la ONU no promueva suficientemente la cooperación científica y, sobre todo, la transferencia de tecnología.

Los flujos financieros ilícitos de los países en desarrollo, dominados de facto como fuente de financiación de las economías occidentales, deben ser devueltos a los países de origen, incluso mediante el desarrollo de un nuevo instrumento multilateral de la Convención contra la Corrupción sobre la recuperación de activos.

74. Aplaudimos el aumento de la eficacia de la labor del Programa de la ONU para el Medio Ambiente (PNUMA) y del Programa de la ONU para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat) orientada a un desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Insistimos en la necesidad de contrarrestar la tendencia de algunos países occidentales a politizar el trabajo de estos programas y a diluir sus mandatos técnicos.

El resultado del segundo período de sesiones de la Asamblea de ONU-Hábitat destacó la relevancia del Programa como plataforma intergubernamental líder del sistema de las Naciones Unidas para un compromiso intergubernamental equitativo en materia de desarrollo urbano sostenible y la aplicación de la Nueva Agenda Urbana adoptada en 2016 en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible: Hábitat III (Quito, Ecuador). Llamamos a un enfoque no discriminatorio de los países en los que trabaja ONU-Hábitat en materia de conflictos y desastres naturales.

Un objetivo clave del PNUMA es aumentar la eficacia de la cooperación internacional en materia de medio ambiente. Señalamos que la práctica de dar prioridad a la dimensión medioambiental del desarrollo sostenible en detrimento de sus componentes económicos y sociales es inadmisible. Nos oponemos a que se hable de paz y seguridad, derechos humanos y operaciones humanitarias en el marco del PNUMA.

Creemos que es necesario seguir aplicando el principio de representación geográfica equitativa en la composición profesional de la Secretaría, de conformidad con la resolución 5/13 adoptada en el quinto período de sesiones de la Asamblea de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente.

75. Apoyamos el liderazgo continuado de las organizaciones agroalimentarias internacionales con sede en Roma: la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) en las cuestiones de la coordinación de los esfuerzos internacionales para erradicar el hambre, mejorar la nutrición y promover el desarrollo rural y agrícola sostenible. Participamos activamente en el seguimiento de la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios de 2021 para reforzar la seguridad alimentaria y transformar los sistemas alimentarios. Partimos de la premisa de que la transformación de los sistemas alimentarios internacionales debe llevarse a cabo teniendo en cuenta las prioridades y particularidades nacionales.

Rechazamos categóricamente los intentos de los países occidentales de responsabilizar a Rusia de la inminente crisis alimentaria mundial. En el marco de los contactos con países amigos, incluso en las organizaciones internacionales, explicamos las verdaderas consecuencias y el impacto de las medidas coercitivas unilaterales impuestas contra nosotros. Consideramos sumamente importante evitar la politización de la cooperación internacional en el ámbito agroalimentario y de la prestación de ayuda humanitaria, así como la manipulación del tema de la lucha contra el hambre para nuestros propios fines geopolíticos, comerciales y económicos. Prestamos especial atención a garantizar unas cadenas de suministro de alimentos estables e ininterrumpidas y a estabilizar el mercado de fertilizantes, principalmente en beneficio de las poblaciones necesitadas de los países en desarrollo.

76. En el ámbito de la protección de la salud pública, abogamos por las acciones acordadas en la Asamblea General de la ONU y la OMS para lograr la cobertura sanitaria universal (CSU), también como preparación para las tres reuniones de alto nivel de la Asamblea General de la ONU de septiembre de 2023: sobre pandemias (20 de septiembre), sobre CSU (21 de septiembre) y sobre tuberculosis (22 de septiembre), haciendo hincapié en el desarrollo de la atención médica primaria. Mantenemos la línea de participación activa en los esfuerzos multilaterales para mitigar los riesgos de propagación de la resistencia a los antimicrobianos. Seguiremos contribuyendo a la asociación internacional de lucha contra el VIH/SIDA de conformidad con la legislación rusa y basándonos en nuestras prioridades nacionales en este ámbito.

Hoy en día, la preparación, prevención y respuesta adecuada ante los brotes de enfermedades infecciosas es un elemento clave de la cooperación en el ámbito de salud pública. Creemos que la principal labor profesional en este ámbito debe ser moderada por los órganos especializados de la OMS, teniendo plenamente en cuenta las posiciones de los Estados miembros y respetando incondicionalmente su soberanía nacional.

77. Siempre hemos apoyado la OMS como un coordinador de la cooperación internacional en la protección de la salud humana. Nos pronunciamos por aumentar la eficacia de su labor mediante una mayor transparencia y rendición de cuentas ante los Estados Miembros. Creemos que la principal labor profesional en este ámbito debe ser moderada por los órganos especializados de la OMS, teniendo plenamente en cuenta las posiciones de los Estados miembros y respetando incondicionalmente su soberanía nacional. Nos oponemos a la creación de estructuras paralelas con un número limitado de participantes y a los intentos de sustituir los mecanismos universales de las Naciones Unidas en el ámbito de la salud mundial.

78. Como parte de la aplicación del Marco de Sendai 2015-2030, nos comprometimos a mejorar la cooperación multilateral en la reducción del riesgo de desastres, incluidas las actividades de proyectos y el intercambio de experiencias a través de los organismos competentes.

79. En el contexto de la reforma del sistema de desarrollo de la ONU (SD), pretendemos promover el fortalecimiento del sistema de coordinadores residentes (CR) de la ONU y mantener el enfoque de su trabajo en cuestiones de desarrollo sostenible. Consideramos contraproducente transferir la financiación del sistema de CR de la ONU al presupuesto ordinario de la Organización Mundial o aumentar del 1% al 2% la tarifa de coordinación sobre las contribuciones asignadas de los países miembros a proyectos de ayuda al desarrollo. Pretendemos defender la necesidad de que los fondos, programas y agencias especiales de la SD de la ONU rindan cuentas a los Estados miembros, lleven a cabo sus proyectos y actividades normativas en función de las prioridades nacionales de los países receptores y refuercen las plataformas de cooperación regional, haciendo hincapié en el papel cada vez más importante de las comisiones económicas regionales.

80. Abogamos por restringir el crecimiento de los presupuestos ordinarios y de mantenimiento de la paz, así como las estimaciones financieras del mecanismo residual internacional para los tribunales penales. Insistimos en reducciones razonables de los recursos solicitados.

Apoyamos la aplicación adecuada por parte de la Secretaría de la ONU de las recomendaciones de los órganos de supervisión. Promovemos sistemáticamente una mayor responsabilidad, transparencia y controles internos en la labor de la Secretaría. Concedemos una importancia especial a que los Estados miembros mantengan un control efectivo de los recursos financieros y humanos de la ONU. Creemos que las reformas y transformaciones en el ámbito administrativo y presupuestario deben realizarse exclusivamente sobre la base de los mandatos aprobados por la Asamblea General de la ONU.

Consideramos que la Asamblea General de la ONU es el principal foro para desarrollar soluciones a nivel de todo el sistema en el ámbito de la gestión de los recursos humanos y determinar las condiciones de servicio del personal, sobre la base de las recomendaciones de la Comisión de Administración Pública Internacional.

81. La observación de paridad entre los seis idiomas oficiales de la ONU en el ámbito de los servicios de conferencias y actividades de comunicación sigue siendo un aspecto prioritario de nuestra delegación. Por tanto, es necesario garantizar los recursos necesarios para los servicios lingüísticos de la ONU. El multilingüismo en la planificación y ejecución de todos los proyectos de la ONU, también en los medios y redes sociales, debe ser estrictamente respetado. Cualquier manifestación de discriminación contra la lengua rusa en el sistema de la ONU es inaceptable.

Nuestra prioridad es combatir la desinformación y mantener un enfoque objetivo y equilibrado en el trabajo de los recursos informativos de la Organización. Estamos interesados en ampliar los contactos y desarrollar asociaciones entre el Departamento de Comunicación Global de la ONU y los medios de comunicación rusos.