Audiencias en la Corte Internacional de Justicia de la ONU

COMUNICADO DE PRENSA

El pasado 18 de septiembre, en la Corte Internacional de Justicia de la ONU (La Haya) se iniciaron las audiencias en el marco de la etapa provisional del proceso ruso-ucraniano dedicado a la Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio de 1948.

En esta fase, Rusia impugna la competencia de la Corte de examinar la demanda que Kiev presentó a finales de febrero de 2022. Manipulando los hechos, Ucrania trata de conseguir que la Corte decida que el país no cometió el genocidio en Donbás. Según el designio de Kiev, eso ayudará a afirmar que Rusia usó ilegítimamente la fuerza militar cuando empezó la operación militar especial y reconoció la independencia de la RPD y la RPL.

Al hacer uso de la palabra en la Corte, el representante de la Federación de Rusia, Guennadi Kuzmín, subrayó el carácter absurdo de las pretensiones ucranianas: la Convención no está relacionada ni por asomo con la legitimidad de reconocer la RPD y la RPL. De igual modo, tampoco está vinculada con la operación militar especial lanzada según la Carta de la ONU, o sea, su artículo 51 sobre el derecho a autodefensa, y el derecho internacional general. Intentando referirse a la Convención que prevé la resolución de disputas en la Corte Internacional de Justicia de la ONU, la parte ucraniana simplemente abusa el derecho procesal de recurrir al Tribunal.

El equipo multinacional de asesores jurídicos presentó argumentos legales detallados en favor de la postura rusa.

Entre otras cosas, la contestación de Rusia tiene descrita la génesis real del conflicto armado en Ucrania que Kiev inició contra Donbás en 2014. Además, delinea la naturaleza neonazi del régimen kievita de Maidán que, al obtener el poder tras el golpe de Estado violento, se puso a construir paulatinamente el Estado que no deja espacio para el pueblo ruso, ni su fe, idioma ni cultura. Al mismo tiempo, los dirigentes actuales del país no ocultan, sino se enorgullecen de que son los herederos de Stepán Bandera, Román Shujévich y otros secuaces del nazismo de la II Guerra Mundial.

Otra particularidad de este proceso judicial es la injerencia en el proceso tipo avalancha, que carece de precedentes en las prácticas de la Corte, realizada por los patrocinadores del régimen kievita. Son 32 los países occidentales que participan en el procedimiento bajo pretexto de “exponer sus opiniones relativas a la interpretación de la Convención sobre el genocidio”, y en realidad, para recopilar conjuntamente los hechos falsos que permitan mitigar los crímenes del régimen kievita. Tal presión flagrante es incompatible con la independencia del órgano judicial supremo de la ONU.

Las audiencias durarán dos semanas.