El pasado 9 de noviembre entraron en vigor las medidas anticubanas diseñadas por el Departamento de Estado, las Secretarías de Finanzas y de Comercio de EEUU en cumplimiento de la revisión de la política hacia La Habana, anunciada en junio pasado por el Presidente de EEUU, Donald Trump.

Las medidas adoptadas por la actual Administración USA no pueden por menos de suscitar lamento, ya que constituyen un nuevo testimonio del retroceso en las relaciones cubano-estadounidenses, de la inhibición de una buena parte de la experiencia positiva acumulada durante el corto periodo de avance hacia la normalización de las relaciones entre La Habana y Washington.

Semejantes pasos discriminatorios crean nuevos escollos para el desarrollo socio-económico de Cuba y se enmarcan en el rumbo de EEUU encaminado a recrudecer presiones sancionadoras sobre la isla. Ello quedó corroborado por los resultados de la votación en el 72º periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU sobre la resolución “Necesidad de cesar el embargo económico, comercial y financiero decretado por los Estados Unidos de América contra Cuba”. Contrariando su propia postura de hace un año, la parte estadounidense votó en contra (votaron a favor 191 Estados).