Hemos tomado nota de las palabras pronunciadas por el Presidente de Ucrania, Víktor Yanukóvich, durante su discurso el 11 de marzo en Rostov-del-Don en cuanto a que los planes de la Administración de EE.UU. de prestar 1.000 millones de dólares a las actuales autoridades de Kiev son contrarios a la legislación estadounidense vigente.

Efectivamente, conforme a la enmienda introducida hace unos años en la ley de 1961 sobre la prestación de ayuda extranjera, está prohibido "proporcionar ayuda financiera al gobierno de cualquier Estado cuyo presidente elegido legítimamente haya sido derrocado como resultado de un golpe militar o una decisión ilegal". Dicha norma está incluida en la sección 22, párrafo 822 del Código de EE.UU. Por lo tanto, según todos los criterios, la aportación de recursos a un régimen ilegítimo que ha usurpado el poder de forma violenta es ilegal y se sale del marco del ordenamiento jurídico estadounidense.

Entendemos, naturalmente, que habida cuenta de la posición que ha asumido Washington es difícil que reconozcan lo evidente. Parece ser que la Administración Norteamericana va a seguir cerrando los ojos ante el dominio de las fuerzas ultranacionalistas en Kiev, que han desplegado en el país una caza contra los disidentes, que aumentan la presión contra la población ruso-parlante y contra nuestros compatriotas y que amenazan a los habitantes de Crimea con la represión por aspirar a su independencia. No obstante, los que adoptan las decisiones en EE.UU. deben pensar en las consecuencias del flujo descontrolado de elementos radicales con tintes nazis en Ucrania y su bombeo financiero.

11 de marzo de 2014