14 junio 201711:50

Comentario del Departamento de Información y Prensa del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia sobre el reciente informe de la Misión de vigilancia de los Derechos Humanos de la ONU en Ucrania

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Hemos estudiado el XVIII informe de la Misión de vigilancia de los Derechos Humanos de la ONU en Ucrania. El documento abarca el período entre el 18 de febrero y el 15 de mayo de 2015.

Expresamos nuestra profunda preocupación por el súbito agravamiento de la situación en Donbás que ha hecho aumentar en un 48% el número de víctimas civiles: 36 personas resultaron muertas y 157, heridas. Apoyamos el llamamiento de los colaboradores de la Misión dirigido a los bandos enfrentados en el conflicto y consistente en que cumplan de manera estricta el Acuerdo sobre el alto el fuego. Compartimos su preocupación por los incesantes ataques a las instalaciones de uso civil, en concreto, sistemas de abastecimiento de agua y energía, así como colegios y hospitales. Entran en contradicción con los compromisos internacionales asumidos por Kiev en la esfera de la protección de los civiles. Debido a esta circunstancia, apoyamos plenamente las recomendaciones de la Misión sobre el cumplimiento incondicional de los Acuerdos de Minsk.

Provocan extrema preocupación los datos citados sobre nuevos casos de privación forzada de libertad, desapariciones y torturas usadas de manera sistemática por el Servicio de Seguridad de Ucrania, para hacer confesar a los detenidos sospechados de haber participado en el conflicto de Donbás. Estamos de acuerdo con la ONU en que la falta de investigación en toda regla propicia la impunidad en todo el país.

Compartimos la preocupación de los colaboradores de la Misión de vigilancia por las acciones inhumanas y discriminatorias de las autoridades ucranianas en lo tocante al bloqueo económico y social de Donbás. Los procedimientos de verificación introducidos en 2016 privaron a más de 400.000 ucranianos de sus pagas de jubilación legalmente asignadas, mientras que las nuevas normas de cruce de la línea de separación no sólo limitan considerablemente los desplazamientos por el territorio nacional y separan a familias, sino que someten todos los meses a más de 900.000 personas al peligro mortal, al cruzar dichas personas la frontera interna. Parecen completamente irracionales las prohibiciones del Gobierno ucraniano de transportar cargas a través de la línea de separación, lo que no sólo lleva al cierre de empresas, sino que hace a miles de personas perder sus fuentes de ingresos.

Llaman la atención las alarmanetes conclusiones hechas por los colabradores de la Misión de la ONU sobre la falta de mejoras en el funcionamiento del sistema judicial de Ucrania y de progreso alguno en la investigación de la tragedia ocurrida en Odessa en mayo de 2014.

Esperamos que la Misión especial se encargue de no permitir la limitación de la libertad de expresión y la presión en los medios de información por la llamada retórica prorrusa y exija a Kiev que garantice a los periodistas condiciones laborales seguras.

Hemos de hacer constar al mismo tiempo que parte del informe tiene un marcado carácter político. En toda una serie de apartados se intenta defender a las autoridades de Ucrania y camuflar los crímenes por ellas cometidas contra su propio pueblo. Nos gustaría hacer recordar que la República de Crimea y la ciudad de Sebastópol de importancia federal son parte de la Federación de Rusia y todo intento de incluir el tema de los derechos humanos en dicha zona en un informe sobre Ucrania carecen de fundamento legal.

Estamos convencidos de que la ONU y los organismos encargados de la defensa de los derechos humanos habrían de conseguir que Kiev cumpla de manera estricta sus compromisos internacionales en la esfera de la defensa de los derechos humanos y las normativas del derecho humanitario internacional, así como los Acuerdos de Minsk, medidas que ayudarán a alcanzar una paz sostenible en el país eslavo.

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